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La coyuntura de los últimos diez días muestra un cambio cualitativo respecto de los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. Ya no basta con describir el proceso como una administración de ultraderecha impulsando un programa conservador y proempresarial; lo que comienza a observarse es algo más complejo: las primeras señales de contradicción entre la promesa política del “Kastismo” y las capacidades reales del Estado para materializarla. La pregunta central ya no es únicamente qué quiere hacer Kast, sino si puede sostener políticamente el proyecto que prometió sin que emerjan fisuras entre su base social, sus aliados empresariales y sectores populares que votaron por él buscando orden, estabilidad y mejora material.

El escenario internacional ayuda a comprender parte de esta tensión. Durante las últimas semanas el mundo ha continuado profundizando una dinámica de fragmentación geopolítica y desaceleración económica. La disputa entre Estados Unidos y China sigue reorganizando cadenas globales de suministro, particularmente en litio, cobre, semiconductores y energía, mientras persisten incertidumbres sobre crecimiento, inflación y tasas de interés. Lo relevante para Chile no es solo el dato económico, sino el lugar que se le asigna dentro de esta reorganización mundial: un proveedor relativamente estable de recursos estratégicos en un capitalismo global que busca garantizar minerales críticos y seguridad energética. Desde una perspectiva marxista, el punto central es que el capital internacional no busca simplemente “invertir” en Chile; busca estabilidad regulatoria, reducción de incertidumbre política y condiciones favorables para ampliar márgenes de acumulación. En ese contexto, el programa económico de Kast funciona como una oferta explícita al gran capital: menores impuestos, garantías regulatorias y debilitamiento relativo de restricciones ambientales y laborales.

Pero aquí emerge una primera contradicción política importante: mientras el gobierno intenta atraer inversión mediante señales favorables al empresariado, amplios sectores sociales comienzan a preguntarse cuándo ese crecimiento prometido llegará efectivamente a sus bolsillos. Y ese problema no es menor, porque la legitimidad del proyecto kastista depende menos de la adhesión ideológica profunda —que en Chile sigue siendo relativamente minoritaria— y más de su promesa de eficacia material: seguridad, orden y mejora de la vida cotidiana.

Precisamente allí se concentra una de las principales novedades políticas de los últimos días. Las encuestas muestran algo más complejo que una simple caída presidencial: revelan un proceso de desgaste concentrado exactamente en las áreas que constituían el corazón de la identidad política del gobierno. Seguridad, migración y gestión económica —las tres grandes promesas de Kast— comienzan a transformarse en sus principales focos de cuestionamiento ciudadano. Ninguna área del gobierno logra superar el 50% de evaluación positiva, mientras seguridad, comunicaciones y economía aparecen entre las peor evaluadas.

Esto merece una lectura más fina. El problema del gobierno no parece ser aún una pérdida total de apoyo ideológico de su base dura; Kast mantiene un núcleo relativamente cohesionado de respaldo conservador, nacionalista y partidario de medidas más autoritarias. Lo que comienza a tensionarse es el apoyo de sectores más pragmáticos: clases medias endeudadas, pequeños comerciantes, trabajadores independientes y segmentos populares que no necesariamente son de ultraderecha, pero que votaron por una expectativa muy concreta: que alguien “pusiera orden”. Cuando esa promesa empieza a no traducirse en resultados perceptibles, aparece una grieta política importante. La seguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana, pero cada vez más personas dudan de que el gobierno tenga un plan claro para enfrentarla.

El episodio más revelador de esta contradicción fue probablemente el primer cambio de gabinete realizado apenas 69 días después de asumir, con la salida de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y de la vocera Mara Sedini. Más que un simple ajuste ministerial, el episodio tuvo un fuerte contenido simbólico: el gobierno terminó removiendo precisamente a quienes estaban encargadas del área más emblemática de su relato político. La señal fue involuntaria pero potente: el gobierno de la seguridad entraba tempranamente en crisis por problemas de seguridad.

Desde una lectura gramsciana, esto refleja una tensión entre hegemonía discursiva y capacidad estatal. Kast sigue intentando organizar el sentido común social mediante una narrativa emocional simple y poderosa: orden versus caos, autoridad versus permisividad, chilenos honestos versus élites progresistas permisivas. El problema es que los relatos políticos tienen límites cuando chocan con la experiencia cotidiana. Si el crimen organizado continúa siendo visible, si persiste la sensación de inseguridad y si las transformaciones prometidas no se sienten en barrios y hogares, el relato comienza a erosionarse.

Aquí emerge una segunda contradicción más profunda: la relación entre la agenda económica y la agenda de seguridad. El gobierno parece apostar a que la seguridad funcione como eje ordenador del debate público, desplazando tensiones asociadas a salarios, endeudamiento, arriendos, empleo o costo de vida. La estrategia política es clara: reorganizar el conflicto social alrededor del orden, la migración y el control territorial más que alrededor de desigualdad o distribución económica. Sin embargo, esa operación tiene límites. Cuando las condiciones materiales empeoran o permanecen estancadas, el malestar económico tiende a reaparecer incluso en electorados conservadores.

La aprobación en general de la llamada “Megarreforma” o “Plan de Reconstrucción Nacional” constituye un punto crítico en este escenario. La reforma reduce impuestos corporativos, entrega estabilidad tributaria prolongada a grandes inversiones y profundiza incentivos al capital privado. Aunque el gobierno la presenta como una estrategia de crecimiento, una parte importante de la ciudadanía comienza a percibirla como una política favorable principalmente a grandes empresas y altos ingresos. Varias encuestas muestran precisamente eso: crece la sensación de que el principal beneficiario de las reformas son sectores empresariales antes que trabajadores o clases medias.

Desde una perspectiva marxista, esto es central. El “Kastismo” no solo propone un programa conservador; intenta una restauración de hegemonía empresarial posterior al ciclo abierto desde el estallido social. Es decir, reconstruir legitimidad del capital en un país donde amplios sectores venían cuestionando desigualdad, AFP, salud, educación y concentración económica. En ese sentido, la rebaja tributaria a empresas, la desregulación y el fortalecimiento extractivo no son medidas aisladas: forman parte de un proyecto de recomposición del poder económico.

Sin embargo, el problema político del gobierno es que el costo material de estas políticas comienza a sentirse antes que sus eventuales beneficios. Y aquí aparece una oportunidad estratégica para fuerzas opositoras y territoriales: la contradicción entre promesa de protección y experiencia cotidiana.

Porque muchos votantes de Kast no lo hicieron necesariamente por convicción ideológica profunda. Lo hicieron porque estaban cansados, endeudados, asustados o frustrados. Querían estabilidad. Querían menos incertidumbre. Querían recuperar control sobre sus vidas. Eso significa que el terreno político no está cerrado.

La pregunta estratégica no es simplemente “cómo denunciar a Kast”, sino cómo disputar el malestar que hoy organiza la ultraderecha.

Y aquí hay una autocrítica importante para sectores progresistas y de izquierda: durante demasiado tiempo se respondió al miedo social con moralización o abstracción técnica. Cuando vecinos hablan de delincuencia, deterioro barrial o conflicto migratorio, muchas veces no buscan estadísticas; buscan alguien que reconozca su problema sin tratarlos de ignorantes o reaccionarios.

Por eso, una política eficaz para enfrentar al “Kastismo” no puede limitarse a consignas generales. Debe actuar en cuatro niveles simultáneos.

Primero, disputar el tema de seguridad sin abandonarlo a la ultraderecha. Negar el problema solo fortalece a Kast. La disputa debe ser por el tipo de seguridad: prevención, recuperación de espacios, intervención temprana, deporte, salud mental, convivencia comunitaria, iluminación, control del narcotráfico y fortalecimiento barrial. La pregunta no es seguridad sí o no; la pregunta es qué seguridad y para quién.

Segundo, traducir la economía a experiencia cotidiana. Mucha gente no siente conexión con discursos abstractos sobre neoliberalismo, pero sí entiende perfectamente cuando se habla de arriendos imposibles, medicamentos caros, transporte, deudas o listas de espera. La política debe volver a la experiencia concreta.

Tercero, reconstruir tejido social donde el Estado se debilita. Comités de apoyo escolar, asesoría jurídica, redes comunitarias, ferias solidarias, seguridad barrial colaborativa y espacios de encuentro vecinal no son solo ayuda social: son construcción de poder territorial.

Cuarto, disputar emocionalmente el sentido común. La ultraderecha gana porque organiza emociones: miedo, rabia, cansancio, deseo de orden. Una política transformadora necesita reconstruir esperanza, comunidad, pertenencia y dignidad cotidiana.

En Ñuñoa, estas tensiones adquieren una forma especialmente visible. La administración de Sebastián Sichel parece estar construyendo algo que podría llamarse una “derecha de gestión”: seguridad, orden urbano y recuperación de espacios públicos, pero sin asumir completamente la retórica ideológica del “Kastismo”. Casos recientes como clausuras de espacios conflictivos, fiscalización del comercio informal y fortalecimiento de vigilancia barrial apuntan a responder demandas concretas de convivencia. Pero aquí emerge una pregunta políticamente decisiva: ¿qué ocurre cuando sectores históricamente progresistas comienzan a aceptar agendas conservadoras porque llegan envueltas en eficiencia municipal? Esa es probablemente una de las batallas políticas más importantes hoy en comunas como Ñuñoa.

En síntesis, la coyuntura de los últimos diez días muestra un gobierno que aún conserva capacidad de iniciativa política, pero cuya promesa fundacional comienza a tensionarse frente a límites materiales, conflictos internos y dificultades de implementación. La disputa política del próximo período no será solamente ideológica, la disputa de fondo sigue siendo hegemónica: si el malestar social será interpretado desde el orden, la autoridad y el disciplinamiento, o desde desigualdad, derechos sociales y conflicto estructural de clases.